Boletines - Género e Integración

Edición No. 5 - Género e Integración / junio - agosto 2009

Declaración Sindical ante la 39ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Esta declaración fue leída por la Compañera Idalmi Cárcamo, Secretaria de Educación de la CUTH, en representación de la CSA en la 39ª asamblea general de la OEA que se celbró en San Pedro Sula, Honduras, a principios de junio pasado.

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Nosotros/as, sindicalistas de las Américas, representantes de más de cincuenta millones de trabajadores y trabajadoras de todo el continente, reunidos en San Pedro Sula, Honduras, en el marco de la XXXIX Asamblea General de la OEA cuyo tema central es la NO VIOLENCIA, declaramos:

Que la Paz tiene como base la dignidad de la persona, considerada en 1997 por la UNESCO como un derecho humano fundamental que se construye a partir de la realización e interdependencia de todos los derechos humanos y que tiene una interrelación con el desarrollo y la democracia.

Que la paz es un bien y un permanente quehacer, fruto de la justicia social y la solidaridad entre las personas, las naciones y los pueblos.

Que el desarrollo de la vida humana, el respeto a la persona, los derechos humanos y la vigencia de la justicia social nos conducen a la paz, pero ella está amenazada permanentemente por las injusticias y desigualdades en cada una de nuestras naciones; así como en el contexto internacional, por la imposición del modelo neoliberal que se contrapone a las necesidades y aspiraciones de las/os trabajadoras/es y no respeta los derechos humanos, practicando la violencia de forma sistemática lo que atenta contra la paz.

Que en el marco de la crisis, que el movimiento sindical internacional denominara como una “crisis de justicia distributiva” (o crisis de desigualdad), es decir la desarticulación entre aumento de salarios y aumento de la productividad que afecta seriamente la vigencia de derechos humanos fundamentales tales como vivir en un medio ambiente sano, con educación, con salud, con protección social y seguridad alimentaria, evidencian que estamos lejos de garantizar una cultura de paz y no violencia.

Los efectos de la crisis podrán en peligro la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (y en algunos casos incluso invertirá el proceso), incluido el trabajo decente para todas/os. Esta cuestión suscita una gran preocupación ya que, incluso durante el periodo anterior a la crisis, los modelos de crecimiento en determinadas regiones, principalmente en las Américas, sólo condujeron a reducciones insignificantes de la pobreza. Un gran número de personas está todavía muy lejos de disfrutar de unas condiciones de vida y trabajo decente.

La profundización de la pobreza y las desigualdades han sido el caldo de cultivo para el surgimiento de fenómenos violentos en nuestras sociedades. Expresiones tales como “las maras” en América Central o la agudización del crimen organizado vinculado al narcotráfico en toda la región, son un reflejo de exclusión social que lleva a la pérdida de horizontes y proyecto colectivo, en particular a nuestros jóvenes. Combatir este problema con más violencia desde el Estado no resuelve el problema estructural que subyace como causa y es una opción que se aleja de la cultura de paz que anhelamos. Desde el movimiento sindical repudiamos a la vez que exigimos a los Estados la atención a estas realidades a través de políticas públicas inclusivas y de respeto a los derechos humanos.

Hoy cuando los gobiernos de nuestra América se reúnen en torno a la NO VIOLENCIA creemos importante reafirmar que la paz no se genera espontáneamente por la ausencia de la violencia, ni puede ser solamente el fruto de decisiones de los centros de poder mundial.

El Movimiento Sindical lucha constantemente contra los panoramas de violencia generalizada, las políticas antisindicales, la violación de los derechos humanos. En todos los países de las Américas evidenciamos una creciente represión y criminalización de la protesta social. Diferentes Estados han aprobado legislaciones que vulneran el derecho a manifestar públicamente y no aceptan que las personas usen su voz para reivindicar sus derechos.

En países como Colombia, Guatemala, México, Perú y otros en nuestra región se ven cada día más ensombrecidos de violencia en contra de trabajadores/as y otros movimientos sociales.

Por ejemplo, en Colombia, sólo en los primeros meses del 2009, se han asesinado a 17 sindicalistas; en Guatemala otros tantos han sufrido amenazas de muerte por sus actividades sindicales y el clima de violencia e impunidad que impera, se ha visto agravado. El incremento del número de protestas reprimidas por parte de las fuerzas del Estado. Se limitan las libertades y se restringen derechos, pretendiendo con eso controlar el descontento social. Campañas de desprestigio contra la/os defensora/es de los derechos humanos y de quienes participan en la protesta, buscando deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos. Usando también la práctica de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares, detenciones, campañas de desprestigio y amenazas y desapariciones forzadas.

Repudiamos la represión en cualquier lugar del mundo, puesto que la misma constituye una amenaza a la libertad y a la construcción de la paz. Sólo en una sociedad con respeto sustantivo de los derechos humanos y laborales se puede construir una democracia real.

Igualmente nos alerta la permanente preocupación armamentista en el Continente. Los recursos que se están asignados para este fin podrían ser asignados para programas de desarrollo social. La carrera armamentista representa exactamente lo contrario de una cultura por la paz y la no violencia, ya que el crecimiento de la industria militar significa la apología de la guerra, por tanto la cultura de la muerte. Si las instituciones internacionales están preocupadas en cultivar la paz, hay que condenar de manera vehemente esa intención armamentista. Las Américas deben ser un espacio de paz.

En este sentido, desde el movimiento sindical:

Reafirmamos que el rol activo del Estado es fundamental como garante de los derechos humanos y laborales lo que implica: combatir las prácticas antisindicales; fortalecer el Estado Democrático con la efectiva participación de los sindicatos en el diálogo social y definir políticas de desarrollo inclusivas de carácter nacionales, subregionales y regionales, entre otras.

Creemos que es necesario asumir la construcción de la paz como una tarea permanente, que requiere el respeto a la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación, recusa de todas las formas de violencia, defensa de la libertad de expresión y de la diversidad cultural, con centralidad en el diálogo social, la promoción del consumo responsable, un desarrollo económico y social sustentable, respeto a los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa y libre circulación de informaciones y conocimiento.
Los gobiernos deben retomar los procesos de Diálogo Social, profundizar la transparencia, la democracia y garantizar la participación social y ciudadana en los espacios de debate de solución a la crisis, fomentando una cultura de paz y de no violencia.

Rescatamos lo señalado por la OIT respecto a la importancia de fomentar una mayor cooperación entre los Gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas para apoyar una economía más fuerte, más limpia y más justa.

La Confederación Sindical de las Américas (CSA) se dispone a cooperar permanentemente en la construcción de una paz social duradera en el continente.

San Pedro Sula, 1º de junio de 2009

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Puede encontrar la declaración en su contexto original en el siguiente enlace:
http://isacc-instituto.org/files/documento/1251913373_Declaracion%20CSA%20en%20la%2039%20AG%20de%20la%20OEA.pdf

Así como escuchar la lectura de la declaración por parte de la compañera Idalmi Cárcamo en la 39ª Asamblea General de la OEA: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0125&sCodigoDetVideo=4

Informe de la Igualdad de Género

El informe de la Igualdad de Género se dio a conocer en la 98ª Reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se realizó en Ginebra, Suiza, en junio recién pasado. El informe fue brindado por le Comisión de la Igualdad de Género que está compuesta por 165 miembros (82 miembros gubernamentales, 30 miembros empleadores y 53 miembros trabajadores).

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Puede encontrar el informe completo en el siguiente enlace: http://isacc-instituto.org/files/documento/1245686949_Informe%20de%20Igualdad%20de%20Género.pdf

Mujer Trabajadora, programa de la CSA en materia de género

Responsable Política:
Amanda Villatoro
Secretaria Política Sindical y Educación

Asesora Técnica:
Ma. Alexandra Arguedas Jiménez
Responsable Programa Género

Este programa es coordinado por la Secretaría de Política Sindical y Educación, con la finalidad de continuar en la lucha por la equidad e igualdad de oportunidades. Para esto, se desarrollan las líneas de acción de coordinación, divulgación, formación y articulación.

Es importante implementar las políticas de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, con el objetivo de avanzar en la paridad de género en las estructuras sindicales, la plena integración de las cuestiones de género en las políticas sindicales y el combate a toda forma de discriminación de que sean victimas las mujeres trabajadoras. La igualdad y equidad de género se constituyen en eje transversal de todas las políticas de la CSA. (Artículo 40 Programa de Acción)

Objetivos Específicos:

- Divulgar, visibilizar y dar seguimiento a las actividades y acciones realizadas por todas las compañeras de las centrales afiliadas a la CSA.

- Formación y capacitación en temas estratégicos para el avance de la equidad de género en las estructuras sindicales y en la sociedad.

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Puede ampliar esta información accediendo a las siguientes secciones de la página web de la CSA:

http://www.csa-csi.org/content/section/33/209/
http://www.csa-csi.org/content/category/33/153/210/
http://www.csa-csi.org/content/category/33/154/211/

CSI: Campaña por la paz y la abolición de armas nucleares

La CSI y Alcaldes por la Paz están lanzando una campaña internacional por la paz y la abolición de las armas nucleares para el año 2020. Sesenta y cuatro años después del bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki, el mundo es testigo de un número cada vez mayor de países que consiguen armas de destrucción masiva.

Las armas nucleares son una problemática mundial. Plantean una amenaza para toda la humanidad y son moralmente inaceptables. Plantean un riesgo mayor que cualquier problema que pretendan resolver. En el mundo, hoy en día, hay casi 24.000 armas nucleares, un arsenal con poder destructivo para causar una devastación equivalente a 400.000 bombas de Hiroshima, donde una sola bomba mató a más de 140.000 personas.

La raíz de los conflictos se encuentra a menudo en la pobreza, la desigualdad, las violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores, la falta de trabajo decente, la corrupción y una mala gobernanza. Los sindicatos contribuyen a la lucha contra las causas de los conflictos y fomentan la preservación de la paz a través de su batalla por la solidaridad y la justicia social.

El Tratado sobre la No Proliferación de armas nucleares (TNP) es un instrumento vital para lograr el desarme y la eliminación total de las armas nucleares. La CSI está abogando por la plena ratificación e implementación del TNP por parte de todos los Estados miembros de la ONU, así como de otros instrumentos dirigidos al desarme y la paz duradera.

La CSI ha lanzado una petición para decir: “¡No a las armas nucleares!”. La petición se entregará en mayo de 2010 a Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU durante la próxima Conferencia del TNP en la sede de la ONU en Nueva York. “Las armas nucleares plantean una serie amenaza para la paz y la seguridad humana y han de ser eliminadas por completo”, declaró Guy Ryder, Secretario General de la CSI.

“El éxito del desarme mundial, incluida la abolición de las armas nucleares, permitiría liberar recursos para responder a necesidades económicas y sociales urgentes, para ayudar a sacar la economía mundial de la profunda recesión que está costando decenas de millones de puestos de trabajo”, dijo Tsuyoshi Takagi, Presidente de la Confederación de Sindicatos de Japón (RENGO), así como el Vicepresidente de la CSI.

“Tenemos que oponernos todos a estas armas específicamente diseñadas para aniquilar poblaciones”, dijo Said Tadatoshi Akiba, alcalde de Hiroshima, “y tenemos que hacerlo rápidamente – por eso Alcaldes por la Paz ha puesto en marcha la campaña 2020 Vision Campaign.” El alcalde Akiba es Presidente de Alcaldes por la Paz.

La petición se encuentra en el sitio web de la campaña.

Alcaldes por la Paz , que cuenta ya con más de 3000 ciudades miembros de 134 países, trabaja para desarrollar la solidaridad y facilitar la coordinación entre ciudades que apoyen el Programa para promover la solidaridad de ciudades de cara a la abolición de las armas nucleares. Su objetivo fundamental consiste en trabajar a nivel internacional para fomentar la sensibilización con relación a la necesidad de abolir las armas nucleares.

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Puede concoer más sobre esta campaña viistando la página web de la CSI:
http://www.ituc-csi.org/peace

Honduras: Comunicado de la quinta misión de DDHH

Tegucigalpa, 13 agosto 2009 - La quinta delegación de observadores internacionales de derechos humanos que tiene presencia en el país, a partir del golpe de estado del 28 de junio, denuncia las múltiples y graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado, tales como la policía nacional, el Comando de Operaciones Especiales COBRA de la policía nacional, y el ejército nacional.

En el 46º día de resistencia pacífica y no violenta contra el gobierno de facto, las fuerzas armadas y la policía reprimieron con una fuerza excesiva a las y los manifestantes. Cientos de policías y efectivos del ejército ocuparon la ciudad de Tegucigalpa ayer, lanzando grandes cantidades de bombas lacrimógenas, gas pimienta, y proyectiles de arma de fuego. Asimismo golpearon con tubos, puñetazos y patadas, de forma arbitraria e indiscriminada contra la población manifestante y a aquella que se encontraba circunstancialmente en el lugar.

Desde la perspectiva de los cinco equipos de observadores internacionales que estábamos presentes en distintos puntos del centro de la ciudad, se constató una reacción de violencia excesiva por parte de las fuerzas de seguridad. Cuando la manifestación se desarrollaba en forma pacífica, se encontró con varios pelotones de la policía y el ejército que rápidamente rodearon la marcha e iniciaron la represión sin que se haya observado alguna provocación. Asimismo, detuvieron y golpearon a docenas de personas dentro del Congreso Nacional y la Universidad Pedagógica.

De los hechos observados y los testimonios tomados a personas que fueron víctimas de la represión, puede constatarse que hubo agresión física contra los periodistas con credenciales de prensa, personas no vinculadas que al pasar por la zona fueron golpeadas, detenidas y heridas. Asimismo, se detuvo a personas de las comunidades indígenas organizadas del país que al caminar se encontraron con la manifestación. También se detuvo a menores de edad y personas de la tercera edad. Se reportó la vigilancia del ejército a la sede del STIBYS, que es sede del movimiento de resistencia, y el allanamiento a las instalaciones de Vía Campesina y otras acciones intimidatorias y de represión aún no verificadas. La marcha en San Pedro Sula también se encontró con una fuerte y violenta represión de parte de los agentes del estado, en donde se estima que más de 300 personas fueron detenidas, y en su mayoría golpeadas y heridas.

Hace una semana, la cuarta delegación de observación internacional entregó una carta al Fiscal General de la República, Luis Antonio Rubi, documentando una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos y constitucionales de la población hondureña , y pidiéndole que constate las labores que realizan a fin de resolver esta situación y juzgar debidamente a los responsables. Aun no hemos recibido ninguna respuesta de parte del Fiscal respecto a lo que hace frente a esta situación de violaciones generalizadas.

Estamos sumamente preocupados por esta situación de deterioro rápido y acelerado de los derechos humanos en el país y por el bienestar de las múltiples personas que aun están detenidas. Exigimos que las autoridades remitan la lista de nombres y la ubicación de estas personas, así como su estado de salud físico. Estamos además preocupados por la situación de agudización de esta problemática de violencia social, así como la posibilidad de la aprobación de una ley de servicio militar obligatorio, y la negación por parte del gobierno de facto de mantener relaciones diplomáticas coherentes con las instancias internacionales como la OEA.

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Puede encontrar esta información en su contexto original siguiendo el enlace:
http://www.csa-csi.org/content/view/5313/236/

Preocupación y esperanza ante la VI Cumbre UE-ALC que se celebrará en España en la primavera de 2010

MARIA-HELENA ANDRÉ Y JUAN MORENO

A la propuesta de EE UU de extender el modelo del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) a toda América Latina (salvo Cuba) mediante el ALCA, respondió la UE proponiendo los acuerdos de asociación con los diversos bloques subregionales (Mercosur, CAN y América Central). Diez años después de la Cumbre de Río de Janeiro (28 y 29 de junio de 1999) que puso en marcha esta propuesta, no se han dado muchos pasos hacia ese objetivo.

Al contrario, las relaciones euro-latinoamericanas se han deteriorado políticamente. La Cumbre de Río se celebró en un momento en que los procesos privatizadores se extendían por Latinoamérica bajo indicación del FMI, lo que favoreció un creciente aumento de la inversión europea.

La UE quería asentar los sistemas democráticos en esos países y exportar el modelo de integración europea para los bloques subregionales (Mercosur, CAN, SICA), con el propósito añadido de obtener condiciones de estabilidad para el desenvolvimiento de las empresas inversoras europeas.

La asociación birregional, más allá de la retórica, se materializaba en un programa europeo de ayuda técnica (complementario de las ayudas directas de los países miembros de la UE); la colaboración en materia de inmigración, seguridad; la apertura de los mercados europeos a través del Sistema de Preferencias Generalizadas (actualmente, SPG+) o de negociaciones para una zona de libre comercio.

La democracia ha avanzado mucho en la región por la convicción de sus pueblos en que era la vía más adecuada. A diferencia de otras décadas, la participación en las elecciones en la mayoría de los países es muy alta, y eso ha dado mayor legitimidad a sus Gobiernos. La crisis política en Honduras por el ilegal intento de deponer al presidente Zelaya es una excepción en la estabilidad política continental.

Con lo que tal vez no se contaba en Europa o EE UU es con el auge de Gobiernos "populistas" que cuestionan las relaciones con el mundo más desarrollado y que quieren revisar las condiciones de la presencia de las multinacionales. La mayoría de esos Gobiernos son reacios a firmar acuerdos comerciales con contrapartidas en forma de mayor penetración europea, sobre todo en temas sensibles, como energía o sanidad.

En el lado latinoamericano, y pese a la aparente afinidad entre la mayoría de los presidentes, no se avanza en la configuración de un proceso de integración que supere o armonice los actuales espacios subregionales, algunos de los cuales, como la CAN, están en proceso de descomposición. Hay diferencias y no sólo ideológicas, sino también por contenciosos históricos. Fortalecer el, aún en rodaje, proyecto de UNASUR parece lo más lógico, pero aún no se sabe lo que dará de sí.

Respecto a las negociaciones para los Acuerdos de Asociación, hay que decir que la UE no puede presumir del desarrollo de las conversaciones. Paradas desde hace cinco años con Mercosur (que en Bruselas decían que era el socio prioritario), están difíciles en relación a América Central y abocadas al fracaso en el caso andino.

Estas negociaciones adolecen de un déficit en origen. Los llamados Acuerdos de Asociación (AdA) sólo se proponían abarcar tres capítulos: diálogo político, cooperación y comercio. Dado que los dos primeros ya estaban en acuerdos anteriores, lo novedoso, y lo sustancial, era el propósito de establecer una zona de libre comercio. Por ello, los AdA fueron enseguida definidos por sus críticos como tratados de libre comercio (TLC) similares a los que estaba firmando EE UU en la región. Aunque no sea correcta la comparación, lo cierto es que la falta de ambiciones en el formato propuesto por la UE ha facilitado esa descalificación por diversos sectores.

Los sindicatos propusimos que los AdA tuvieran un cuarto pilar, un capítulo socio-laboral, idea que fue rechazada tanto por la Comisión Europea como por los Gobiernos latinoamericanos, alegando que esos temas, y los medioambientales, pueden tratarse en los otros capítulos. Sin embargo, el hecho de que no se tomen los temas sociales como un pilar básico indica que tampoco hay voluntad política, hasta ahora, de crear en los AdA mecanismos para implementar los Convenios Fundamentales de la OIT y combatir la impunidad de las violaciones de la libertad sindical, tan extendida en Colombia, Guatemala y otros países.

También se echaba de menos el tratamiento de las asimetrías, que podía haber sido otro de los pilares de los AdA. Hoy vemos que eso fue un error. El Gobierno de Nicaragua ha planteado en la mesa de negociaciones la necesidad de un fondo de compensación (fuera de la ayuda técnica). Recientemente, la Fundación Alternativas presentó un documento sobre las posibilidades de implementación de fondos de cohesión en América Latina, sobre la base de la experiencia europea. Intervinieron Nicolás Sartorius; Carlos Chacho Álvarez, secretario general de Mercosur; Marco Aurelio García, asesor de Lula; Eneko Landaburu, director general de la Comisión Europea, y Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación. Todos señalaron que más allá de las limitaciones para llevar adelante ese proyecto en la coyuntura actual se trata de un objetivo estratégico. Respondiendo a esa iniciativa, los sindicatos europeos y latinoamericanos están elaborando una propuesta propia sobre cohesión.

Con una formulación más ambiciosa, los Acuerdos de Asociación habrían sido entendidos como un modelo alternativo al del ALCA norteamericano, y favorecedor del comercio entre ambas regiones, del desarrollo y del fortalecimiento de la sociedad civil y de los procesos de integración.

La negociación con América Central (suspendida transitoriamente por la crisis de Honduras) tiene probabilidades de llegar a puerto. Se trataría de un acuerdo minimalista, pero que fortalecería al Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Comercialmente, América Central sólo representa el 0,6% del comercio exterior de la UE, pero es importante que la postura de la UE en este tema no empañe la imagen positiva que tenía en la región, por su papel activo en el llamado proceso de San José (donde se puso fin a las guerrillas), pues será acusada de pedir contraprestaciones lesivas a cambio de mejorar la oferta comercial del actual SPG+. No es descartable un desmarque de Nicaragua que podría arrastrar a algún otro país, y en ese caso, teniendo en cuenta la autoexclusión inicial de Panamá, no se podría presentar como un acuerdo con todo el istmo.

Peor van las cosas en las negociaciones con la Comunidad Andina, moribunda tras la salida de Venezuela (y aun antes). Aquí, el inicial AdA entre la UE y la CAN, se cambió por una negociación con tres países: Ecuador, Perú y Colombia, que parece va a concluir sólo con los dos últimos: Perú, en situación delicada tras los enfrentamientos sangrientos en la Amazonia, y Colombia, con presidente exitoso en las urnas, pero muy contestado por la persistencia de la violencia y de la impunidad, grave en especial en los atentados contra sindicalistas.

En ese contexto hay que mirar con preocupación, pero también con esperanza, la VI Cumbre UE-ALC que se celebrará en España en primavera de 2010, durante el mandato de presidencia española de la UE.

Sería necesario que el Gobierno español, como anfitrión, y la Comisión Europea trabajen ya por el éxito de la cita. Para evitar el desprestigio de estas reuniones de alto nivel donde se aprueban solemnemente declaraciones de las que nadie se acuerda en la siguiente cita, sería conveniente que antes de ponerse a redactar nuevos puntos se examinaran los muchos, y positivos, objetivos que se aprobaron en Lima, y que no se han aplicado y señalar medidas y plazos claros para la puesta en marcha.

Por ejemplo, el tema de derechos de los inmigrantes fue recogido de forma muy clara en Lima, pero meses después se aprobó la directiva de retorno de la UE que conculca, en varios aspectos, esos derechos. La próxima cumbre debiera debatir esa contradicción y tomar medidas correctoras.

También la Declaración de Lima recogió, por vez primera, una apuesta por la promoción del trabajo decente, el aumento del empleo, fortalecimiento de los sistemas de protección social, participación de los actores sociales, desarrollo de políticas laborales y de la negociación colectiva, etc. Pero es necesario que en la cumbre española se concreten medidas y mecanismos para la evaluación de estos objetivos.

En cuanto a la negociación de los AdA, los objetivos mínimos serían volver al formato negociador UE-CAN, evitando el desplome institucional del Pacto Andino; la firma de un AdA con todos los países de América Central, basado en el comercio justo y que contemple la dimensión social; la reapertura de negociación UE -Mercosur; el tratamiento de asimetrías (citando en la declaración final la iniciativa de impulsar un fondo de cohesión para ALC); la inclusión de la dimensión laboral basada en los principios del Trabajo Decente de la OIT.

Maria-Helena André es secretaria general adjunta, y Juan Moreno, consejero, de la Confederación Europea de Sindicatos (CES)

Miembros por pais

Galería

Conferencia: La gestión de los derechos laborales en las maquilas y estrategias de coordinación nacional e internacional

Fecha 2010-02-25

ISACC

Instituto Sindical para América Central y El Caribe

Managua, Nicaragua
Residencial Los Robles, de la Gasolinera Shell de Plaza El Sol,
3 C/Sur, 2 1/2 C/ Este. Casa No. 107 MD
Teléfono: 00 505 2278 6844
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