Las luchas del primero de mayo de 1,886 por una jornada de trabajo de ocho horas dieron lugar al martirio de cinco compañeros en Chicago quienes al ofrendar su vida marcaron la pauta de un sin número de luchas en las que muchas compañeras y compañeros han sufrido de la violencia por el reconocimiento de las garantías de que ahora gozamos de manera formal más que práctica y que; sin embargo, corren el grave riesgo de ser eliminadas.
Un día como hoy del año 1947, el Doctor Juan José Arévalo Bermejo rendía el tributo más importante que a lo largo de la historia de Guatemala se le ha rendido a la lucha de las trabajadoras y trabajadores: Nos entregaba un Código de Trabajo, que no sólo da pie al nacimiento del Derecho del Trabajo en Guatemala sino que reconoce la dignidad e importancia del trabajo para la sociedad a través de una serie de garantías mínimas pensadas para desarrollarse de manera progresiva dentro de ellas el derecho a la organización sindical, a la huelga, el derecho a una jornada digna de trabajo. En el discurso del 1º de mayo de ese año, el Doctor Arévalo expresó:
“Hoy es un día de fiesta para la República. A partir del 1 de mayo de 1947 el capital y el trabajo se regirán inexorablemente por un Código… Los trabajadores guatemaltecos y los extranjeros que habiten nuestro suelo, sentirán de hoy en adelante el respaldo poderoso de la ley, sin necesidad de andar buscando favores personales o simpatías de ocasión. Se acabo para muchos aquella deliciosa libertad que consistía en tratar a los trabajadores con espíritu patriarcal o caritativo cuando no perverso, dictatorial o cobarde. El Código de trabajo termina con esa falsa libertad beneficiosa para los poderosos y terrible para los desvalidos. Pero al terminar con la libertad de explotación económica y con la libertad de ultraje personal, crea una nueva libertad que no es privilegio de un grupo sino beneficio nacional: esa nueva libertad que no ha existido en Guatemala, es la igualdad ante la ley.
Después del Código de trabajo vino la inauguración del IGSS, en enero de 1,948, que cubrió al término del mandato de Arévalo a miles de trabajadores.
Años más tarde, el 17 de junio de 1,952 Jacobo Arbenz, entregaba a la clase trabajadora del país el Decreto 900, marcando con ello las pautas para un desarrollo con justicia social y en esa oportunidad nos dijo. “Confiero una gran importancia a la política económica, pero sólo como un medio para lograr nuestros objetivos sociales. Toda la riqueza no vale la vida, la libertad, la dignidad…del más humilde de los ciudadanos. Cuan equivocados estaríamos si, confundiéramos los medios con el fin, tuviéramos a la estabilidad financiera y al crecimiento económico como los objetivos supremos de nuestra política…. Debemos distribuir esa riqueza para que quienes tienen menos, y que son la inmensa mayoría, se beneficien más, mientras que quienes tienen más y que son tan pocos, se beneficien, pero en menor medida…”
El MSICG, coincide con este pensamiento de los dos únicos Presidentes democráticos que ha tenido Guatemala y reitera la vigencia y actualidad del mismo insistiendo en que es imposible referirse a la existencia de una verdadera democracia sin el impulso del desarrollo humano a través de cambios estructurales que garanticen la mejoría de las condiciones de vida de la población; es decir, sin el impulso de condiciones básicas que garanticen para todos y todas un trabajo decente. Extremo que no podrá ser una realidad hasta que en Guatemala se garantice la libertad sindical y una reforma agraria integral.
La imposición de un modelo económico que deshumaniza el sistema productivo y que bajo el argumento de la libre competencia ha especulado con la vida, la dignidad humana e incluso la propia subsistencia del planeta ha engendrado una crisis mundial que se ha sumado a la crisis estructural que enfrenta el país y que ha conducido a un permanente y sostenido crecimiento de las condiciones de exclusión, pobreza y pobreza extrema que se convierten en el principal cuestionamiento al modelo de democracia existente en el país.
Sin embargo, esta realidad, al parecer no ha sido comprendida en su totalidad en Guatemala; los llamados a nivel mundial hacia la generación de condiciones de trabajo decente y hacia medidas de rescate ambiental, parecen ser vistas como una necesidad ajena a las prioridades del país.
Actualmente el partido de gobierno UNE y sus aliados en el Congreso de la República de Guatemala: FRG, GANA, UNIONISTA, BANCADA GUATEMALA están comprometidos con la Ratificación del Convenio 175 de la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial, promoviendo modificaciones al Código de trabajo, nuevas leyes laborales, y reformas a leyes laborales que en la práctica no son otra cosa más que la eliminación de los derechos adquiridos por los y las trabajadoras, la eliminación del salario mínimo para que el empleador pueda definirlo a su libre arbitrio, sobre la base de una autonomía de la voluntad que solamente recrudece las desigualdades entre las trabajadoras y trabajadores y su empleador. Nosotros preguntamos ¿Acaso el 50% de la Población que gana menos del salario mínimo y el 80% que no gana tan siquiera el costo de la canasta básica vital ha podido negociar tan siquiera que se pague lo que es legal? ¿O acaso las mujeres que por el hecho de serlo son sometidas a pruebas de embarazo, acoso, o a salarios inferiores que los de los hombres han podido siquiera gozar de la protección de las leyes existentes aún siendo tutelares?
La autonomía, la dignidad y la defensa de los intereses de la población, ha tenido para el MSICG un costo muy alto, de la misma forma que los mártires del Chicago, desde el año 2,007 a la presente fecha han sido asesinados 47 compañeros de las organizaciones que integramos el MSICG, sin que hasta la fecha, haya existido investigación alguna que permita sacar de la impunidad estos hechos de sangre mediante la individualización, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos.
El IGSS cada día está siendo más debilitado y ha sido sometido a todo un proceso de desfinanciación. La mayoría de empleadores tanto de la iniciativa privada, como del sector público y especialmente las municipalidades retienen las cuotas de los trabajadores y no las trasladan al IGSS, o bien no cancelan las cuotas patronales, sin contar la deuda millonaria que el Estado de Guatemala tiene. Lo más grave de la situación es que estos empleadores son protegidos por los propios representantes de los trabajadores ante dicha instancia quiénes no sólo han avalado la reducción de beneficios para los afiliados sino que han mantenido silencio respecto a la solicitud del MSICG de información básica para hacer caer el peso de la Ley sobre estos empleadores, garantizándoles con ello total impunidad.
Y es precisamente este tipo de representación la que ha seleccionado el gobierno para los trabajadores en cada instancia en donde se encuentran representados, un sindicalismo dócil, dispuesto a participar y beneficiarse del proselitismo político permanente del actual gobierno y dispuestos a vender los más elementales derechos de la población, generando paralelismo, penetración e intentos de debilitación y destrucción del sindicalismo autónomo como el que actualmente padecen CGTG, UNSITRAGUA y el SNTSG. Es por esta razón que las organizaciones del MSICG han sido excluidas de esas instancias de diálogo porque hemos optado por mantener a toda costa nuestra autonomía y representar dignamente los intereses de la clase trabajadora.
Durante este gobierno más que nunca hemos visto como los intereses de los sectores empresariales están mejor representados, mientras a los trabajadores se les garantiza condiciones de explotación en las maquilas, a VESTEX se le garantiza en nombre de la crisis económica internacional millones de quetzales para su recuperación.
Se nos ha negado como pueblos y especialmente como pueblos indígenas aún y cuando representamos el 40% de la población el derecho a decidir nuestro propio modelo de desarrollo, el derecho de consulta y los demás derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT. Evidencia de ello es el libre acceso y uso de los territorios indígenas que se garantiza a los diversos capitales, y la exploración y explotación desmedida de los recursos naturales. Sólo durante el gobierno de Álvaro Colom han sido otorgadas 26 licencias de exploración de recursos naturales, 15 licencias de explotación de recursos naturales y 7 licencias de recursos hídricos. Todas ellas sin haber agotado el derecho de consulta respectivo.
A la fecha pese a que la Comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT (CEACR), a instancias del MSICG, le solicitó al Estado de Guatemala la suspensión de las operaciones de la Cementera de San Juan Sacatepéquez y de la Mina Marlín en San Marcos y, a pesar de las constantes movilizaciones de las comunidades, el gobierno de la República ha optado por imponer Estados de excepción o de prevención para hacer prevalecer los intereses del capital transnacional, sea minero o de la multinacional UNIÓN FENOSA. No cabe la menor duda que estos son los mismos intereses por los cuales los compañeros de SITRAPETEN se encuentran aún sin ser reinstalados en sus puestos de trabajo de los cuales fueron despedidos por intentar ejercer sus derechos sindicales.
Lamentablemente también para defender los intereses de estos sectores se han prestado seudo dirigentes sindicales, indígenas y campesinos a los cuales el gobierno ha llamado los representantes de los trabajadores y de los pueblos indígenas y quiénes han sido testaferros de campañas millonarias en medios de comunicación escrita apoyando la imposición o ampliación de proyectos de exploración y explotación de recursos en contra del derechos de consulta de los pueblos indígenas y del derecho a un medio ambiente sano, para poner un ejemplo veamos el caso de la Laguna El Tigre y Perenco.
Para el MSICG la perpetuación de todas estas condiciones pone en grave riesgo la democracia e institucionalidad del país, riesgo que no podrá ser superado hasta en tanto no se hayan eliminando todas las expresiones de exclusión histórica y discriminación. Por ello como MSICG hemos impulsado ante las diversas instancias propuestas entre otras, de una reforma fiscal integral, agendas legislativas para enfrentar la precarización laboral, propuestas de políticas públicas para la implementación del programa nacional de trabajo decente y para que la crisis no lo sigamos pagando los trabajadores, la reforma agraria integral, hemos apoyado también la propuesta de iniciativa de Ley desarrollo rural integral y la política en la materia, etc.
En otras palabras este primero de mayo queremos reafirmar una vez más que el futuro del país depende de la generación de condiciones de trabajo decente, de la construcción de una verdadera democracia participativa y, como pilares de ésta, del pleno respeto a la libertad sindical, al diálogo social efectivo y de buena fe, de una reforma agraria y tributaria de naturaleza integral, soberanía alimentaria y soberanía energética.
Pero para que ello sea posible, es necesaria una población comprometida en la construcción de su propio futuro, capaz de hacer valer su memoria histórica, de organizarse, luchar e identificar a quienes bajo las banderas de la lucha sindical y social solamente persiguen la realización de sus intereses personales.
Este Día Internacional del Trabajo, el MSICG rinde tributo a todas y todos quienes desde ese 1º. de Mayo de 1886 en Chicago, en Guatemala y alrededor del mundo han ofrendado sus vidas, se han expuesto a la persecución, a la prisión y al exilio con el sólo afán de construir un mundo en el cual, el ser humano y su fuerza vital, su fuerza de trabajo, no sean vistas como una mercancía que sujeta su dignidad a las leyes del mercado.
CONSEJO POLÍTICO MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO (MSICG) CCDA – CGTG – CNAICP – CUSG – FNL - UNSITRAGUA
POR UN TRABAJO DECENTE: LIBERTAD SINDICAL Y REFORMA AGRARIA INTEGRAL
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