Campos de muerte

Roberto Mejía Coordinador del Área de Salud Laboral y Medio Ambiente del ISACC.

¿y quién es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, el que peca por la paga o el que paga por pecar?

Sor Juana Inés de la Cruz

La crisis para la vida en el planeta, como consecuencia de la degradación ambiental, es uno de los fenómenos sociales más importantes de fin de siglo que caracterizan, asombran y, en algunos casos, abruman a la humanidad.

Uno de los hechos más trascendentales y significativos de la historia de la humanidad ha sido el desarrollo científico y tecnológico alcanzado por el ser humano en la lucha por dominar la materia y los fenómenos físicos del universo, que han puesto por primera vez en sus manos la posibilidad de alterar los equilibrios ecológicos del planeta de manera global.

Se ha descubierto técnicas para producir incontables moléculas extrañas en la naturaleza y, al terminar el siglo, se encontraban en el mercado, a gran escala, más de 100,000 sustancias químicas y, tal como ha venido sucediendo, cada año se seguirán incorporando muchas nuevas a la larga lista. De esto se desprende uno de los problemas más grandes del siglo pasado: el uso inadecuado de los plaguicidas sintéticos, los cuales, a partir del desarrollo de su industria en la década de 1940, han representado durante más de 60 años la base fundamental del combate de las plagas.

Actualmente, la producción y venta mundial de plaguicidas se aproxima a las seis mil millones de libras, representadas en 900 ingredientes activos y más de 50,000 formulaciones comerciales con costo aproximado de 33.6 billones de dólares. De éstas, el porcentaje utilizado en países en desarrollo ha ascendido en las últimas tres décadas del 20 al 40%.

A nivel mundial, se estima que cada año el 3% de los trabajadores agrícolas sufre una intoxicación aguda por plaguicidas y que la mitad de esos casos se registran en los países en desarrollo, a pesar de que en éstos se utilizan menos los plaguicidas que en los países desarrollados.

La exposición a bajos niveles de plaguicidas durante períodos prolongados puede producir efectos crónicos en los humanos, como: malformaciones congénitas, efectos mutagénicos, daños en la piel, pulmones, ojos, daños en el sistema inmunológico y nervioso, esterilidad masculina y cáncer.

En los países de América Central se ha producido un incremento constante en el empleo de plaguicidas, alcanzando en los últimos años aproximadamente 45 millones de kilogramos anuales importados y formulados por 38 plantas de la región.

Cifras oficiales aseguran que anualmente en la subregión, los casos de intoxicación aguda superan los 6000, de éstos, el 40% sucede en el espacio laboral y los demás accidental o intencionalmente. No obstante, esta cifra dista mucho de la realidad, ya que existe un sub-registro superior al 80%, debido a la dificultad de los trabajadores del campo para llegar a los centros de salud, el temor de ser despedidos de sus puestos de trabajo, diagnósticos erróneos y malos registros.

Los doce plaguicidas responsables del mayor número de intoxicaciones son: paraquat, fosfato de aluminio, metilparatión, metamidofós, monocrotofós, clorpirifós, terbifós, etoprofós, endosulfán, carbofurán, metomil y aldicarb. Aún no se dispone de registros confiables sobre los efectos crónicos que los plaguicidas han causado en las trabajadoras y los trabajadores de la subregión. Uno de los casos más llamativos es la demanda de unos 25,000 trabajadores y ex trabajadores de las plantaciones bananeras de América Central, quienes desde hace muchos años aseguran haber quedado estériles por la exposición al Dibromocloropropano (DBCP) o Nemagón y, aunque algunos ya han ganado los juicios en las cortes de sus países y de Estados Unidos, todavía esperan que las compañías bananera los indemnicen.

Los problemas causados por los plaguicidas no sólo tienen raíces técnicas, sino también económicas y sociales. El empleo desmedido de plaguicidas ha representado para la humanidad un alto costo social, ocasionando muertes y efectos agudos y crónicos en seres humanos, grandes gastos en tratamientos, incapacidades temporales y permanentes, muertes de animales, contaminación de suelos, aguas superficiales y subterráneas y alteraciones en los sistemas agrícolas.

Crisis en el Occidente de Nicaragua

El modelo agroexportador que se adoptó en Nicaragua a mediados del siglo pasado, se caracterizó por el uso de grandes cantidades de productos químicos para obtener una mayor producción y por no requerir mano de obra calificada. Este modelo ha dejado secuelas que no se pueden ocultar: deforestación, avance de la frontera agrícola, disminución de los recursos hídricos, desplazamiento de comunidades enteras, contaminación de los suelos y de las aguas y un sinnúmero de enfermedades relacionadas al uso indiscriminado de agrotóxicos sintéticos. Estos son los resultados de la aplicación de un sistema de explotación que ha puesto en peligro la supervivencia del país entero. No obstante, las grandes empresas agrícolas nacionales e internacionales siguen impulsando este modelo.

A partir de los años 60, en el marco del desarrollo industrial de la región centroamericana, a Nicaragua le tocó jugar el papel de principal polo de desarrollo de la industria química regional. En este contexto, las personas comenzaban a morir sin saber por qué, y esta dramática situación se ha venido incrementando con el tiempo.

En los últimos años y prevalentemente en la zona occidental de Nicaragua, donde se concentra la producción agroexportadora del país, se ha empezado a manifestar los estragos que causa el uso indiscriminado de agrotóxicos. Una de las secuelas más relevantes de ese modelo de producción la padecen los ex trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

Al revisar las cifras de incidencia de muertes por enfermedades profesionales o de muertes ocasionadas por epidemias o por el SIDA, se encuentra que la IRC es una realidad que está diezmando a la población. Esta situación debería llamar poderosamente la atención de las autoridades, quienes deberían tomar de inmediato las medidas necesarias en el Occidente del país y en los demás territorios donde se registran afectaciones en las personas que trabajan en los principales rubros agrícolas.

En Nicaragua, como en otros países centroamericanos, el fenómeno de la IRC tardó en ser detectado porque la gente no sabía de qué se estaba muriendo, las organizaciones no tenían la capacidad para percatarse de lo que estaba ocurriendo y, sumado a esto, porque los médicos atendían a las personas como si fuera una enfermedad común. Jamás registraban en el expediente clínico la información que pudiera establecer el vínculo entre el trabajo y la enfermedad que estaba padeciendo la persona.

En el país todavía están los restos de la industria química que se desarrolló hace años y existen lugares donde se siguen almacenados los productos químicos que ya están prohibidos. Todo esto es un continuo foco de polución. Hay serios problemas de contaminación de las aguas, del suelo, pero lo peor es que la historia se está repitiendo, porque se siguen usando agrotóxicos que en los países desarrollados ya están fuera del mercado.

El Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua (MAGFOR) ha sido complaciente con estos productos. A esto se suma el peligro de la implementación del nuevo modelo de producción de biocombustible, con el cual se está pensado alimentar a los vehículos, y no satisfacer las necesidades de las personas, ya que éste contempla la preparación de muchas manzanas de tierra para la siembra de maíz destinado a producir etanol, mientras el precio de la tortilla ?elemento fundamental de la alimentación nicaragüense a base de este grano- se ha disparado en todo el país.

También las plantaciones de palma africana están compitiendo con las personas por el aprovechamiento de las fuentes de agua subterránea. Este modelo de producción sólo va a agudizar esta situación.

En el caso de la IRC, las autoridades ni siquiera han asumido responsablemente todas las secuelas de esta enfermedad, a pesar de que se aprobó la Ley 456, Ley de Adición de Riesgos y Enfermedades Profesionales a la Ley 185 (Código del Trabajo), mediante la cual la Asamblea Nacional de Nicaragua incluye la Insuficiencia Renal Crónica en el listado oficial de enfermedades profesionales. La gente sigue consumiendo agua contaminada sin saberlo.

En Occidente la situación es aún peor: la gente muere para producir el azúcar, el ron y, ahora, el etanol. La región está catalogada como una de las más productivas del país, pero eso, en vez de ser una bendición, pareciera ser una maldición. Los afectados acusan a las empresas de ser responsables de lo que está ocurriendo, pero también a los gobiernos porque no velaron por la salud de los trabajadores, de la población en general y por el deterioro al medio ambiente.

Las empresas, a su vez, dicen no tener ninguna responsabilidad, el Ministerio de Salud (MINSA) afirma que tampoco la tiene en este caso, porque es responsabilidad del MAGFOR y del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y éste, por su parte, argumenta que no tiene recursos suficientes para atender la demanda y se rehúsa a entregar pensiones por riesgo laboral. Entonces la pregunta es: ¿Quién debe responder por todo lo que está pasando?

La reciente publicación del estudio del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos (CIRA) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua): ?La presencia y concentración de residuos de agrotóxicos y contaminantes biológicos en el agua de pozos para consumo humano en localidades de antiguas plantaciones bananeras en el occidente de Nicaragua?, despertó mucha preocupación en todo Nicaragua y, al mismo tiempo, confirmó la denuncia que los ex trabajadores del banano afectados por el Nemagón vienen planteando desde hace muchos años: el Nemagón, utilizado intensivamente como plaguicida en las décadas de los años 70 y 80, todavía está presente en el ambiente y sigue envenenando a la población nicaragüense.

Según las conclusiones del estudio, la situación que se vive en Occidente es muy compleja, y las personas que viven en las zonas rurales están altamente expuestas al riesgo de la contaminación química, ya que la gran variedad de agrotóxicos que se aplicaron durante años persisten en el ambiente y, aunque ahora se encuentren cantidades pequeñas, ejercen un efecto sinérgico.

Es decir, que estos agrotóxicos multiplican sus consecuencias nocivas tanto en el ser humano como en la biota, o sea, los otros componentes del ecosistema. Cuando se persigue establecer una relación causa-efecto entre un agrotóxico específico y una enfermedad específica se desarrollan estudios en condiciones especiales, o sea sobre población expuesta o bajo ?exposición ocupacional?. En cambio, cuando se analiza el ambiente abierto es más difícil, porque no solamente se encuentra un determinado tóxico, sino también el efecto sinérgico de todos los plaguicidas o tóxicos que circulan en el ambiente.

En Nicaragua no existe todavía un estudio ambiental abierto que relacione una enfermedad con un agrotóxico determinado. El estudio considera que es imprescindible empezar a definir cuál es el perfil del monitoreo ambiental, es decir, qué contaminantes tenemos. Analizar después cuál es el perfil patológico de la población para tratar de establecer algún nexo. Mediante estudios correlacionales, desde el punto de vista epidemiológico, posiblemente se pueda establecer algún tipo de relación. Obviamente, y en esto no hay que confundirse, la situación que se está viviendo en Occidente es el resultado de la alteración y la contaminación ambiental.

Empiricamente no hay muchos problemas en establecer una relación entre la patología y el elemento causal, pero demostrarlo con datos técnicos y científicos es muy difícil. Los grupos que han estado expuestos son los que pueden explicar más cuál es el agente causal. También en el medio en que habitan todos están expuestos, y es por eso que los trabajadores viven una doble exposición: en el lugar de trabajo y en el ambiente en general

Chichigalpa es un pueblo pequeño, pero bien conocido en toda Nicaragua porque su nombre está vinculado a la producción de azúcar y ron. Aquí, en 1898, el empresario nicaragüense Alfredo Francisco Pellas fundó el Ingenio San Antonio, uno de lo más grande ingenios azucareros de Centroamérica y las empresas Nicaragua Sugar State Limited y Compañía Licorera de Nicaragua S.A., dando origen a la tradición de una de las familias más poderosas de la región. El ingenio produce el 80 % de las exportaciones de azúcar de Nicaragua a Estados Unidos.

Decenas de miles de trabajadoras y trabajadores han dado los mejores años de sus vidas laborando en los inmensos cañaverales que forman el Ingenio San Antonio y sus alrededores (aproximadamente 55 mil manzanas), muchos de ellos han resultado gravemente afectados por La IRC y fueron despedidos, otros murieron sin haber podido conseguir una pensión que, ahora, sus viudas están reclamando.

Entre 2002 y 2006 se han contabilizado 1383 muertos por IRC y son aproximadamente 7000 los ex trabajadores que actualmente están afectados por la enfermedad, muchos de ellos en estado grave y desempleados. Nadie les ofrece trabajo y tienen que arreglárselas para poder sobrevivir. Hay casos en que en una misma familia hasta tres generaciones consecutivas se encuentran padeciendo el mismo mal.

Según el Especialista en Seguridad Social, Manuel Ruiz Arias, para la ciencia médica la IRC es una enfermedad multicausal. Por norma jurídica, en Nicaragua la IRC es una enfermedad profesional. A nivel mundial es propia de las personas que laboran en las plantaciones de caña de azúcar, y evidentemente no está sujeta a discusión.

Vale destacar que la Ley No 456 es una norma jurídica de orden público. Esta enfermedad profesional denominada como bagazosis es una patología reconocida como la enfermedad de los cañeros debido a las condiciones en que laboran. Debemos agregar que también es la enfermedad de las familias de éstos por las condiciones y ubicación geográfica en que han habitado. Para una mayor comprensión de este problema se debe recordar las llamadas colonias en las plantaciones de caña de azúcar, y la migración laboral para los casos de IRC en otros municipios (El Nuevo Diario, 26 de Noviembre de 2005).

De acuerdo con información de la Asociación Nicaragüense de Afectados-as por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), hasta abril de 2007, habían fallecido en el municipio 2433 personas por IRC, de ellos 1420 en el último año. La información tiene como base las defunciones reportadas en la Alcaldía de Chichigalpa y los casos que reportan las personas afectadas, quienes han laborado en las plantaciones de caña de azúcar y fábrica azucarera, pero que no son registradas como casos de IRC.

La alta prevalencia de este padecimiento entre las trabajadoras y los trabajadores de las plantaciones de caña ha provocado que éstos responsabilicen a la empresa azucarera por el daño a su salud, denunciando el uso indiscriminado de plaguicidas como la causa directa de la contaminación crónica que les ha llevado a esta situación.

La Administración del Ingenio San Antonio, considera que la acusación no tiene fundamento, pues su empresa, no sólo por una cuestión de moral, sino de imagen, ha hecho todo lo que está a su alcance para que se investiguen las causas de la enfermedad. Según ésta, el ingenio ha ofrecido su cooperación a los últimos tres gobiernos para que se investigue el origen de la epidemia, pero ?no se hizo nada?.

Según informes oficiales del MINSA se han formado dos comisiones especiales para analizar el caso y ver cómo se puede incidir en la situación. La primera es una Comisión de Salud que tiene como objetivo definir un programa de atención integral, mientras que la segunda es una Comisión Especial Interinstitucional para realizar investigaciones. Con la participación de la OPS y de la UNAN-León, se pretende realizar una investigación para tener datos cuantitativos de estos fenómenos y, de esta manera, tener una idea más clara del problema.

La Ministra de Salud, Maritza Cuant, considera que en occidente hay un problema multicausal.

Hace muchos años en esta región estaban las mejores siembras de algodón y, por lo tanto, estas tierras fueron expuestas a grandes cantidades de agrotóxicos. Asegura la Ministra que con un grupo de nefrólogos se está definiendo un programa de atención integral que contempla también diferentes actividades de prevención; se procura evitar que la gente llegue a sufrir esta enfermedad y ver cómo tratar a las personas que ya la padecen; se pretende abrir un servicio de hemodiálisis en Chinandega (cabecera del departamento donde está ubicado el municipio de Chichigalpa) y se va a reactivar el servicio en otras ciudades como León, Managua y Estelí.

Aunque se ha realizado cerca de 20 investigaciones sobre las causas de la epidemia de IRC en el municipio, ninguna de ellas es concluyente en cuanto a confirmar o descartar la relación entre el uso de plaguicidas en las plantaciones de caña de azúcar y esta enfermedad. En casi todas se alega la falta de medios tecnológicos que existe en el país para realizar una investigación científica exhaustiva.

¿Qué hacer?

Entre los estudios independientes que gozan de más credibilidad en el país, además del estudio del CIRA, también cabe destacar las conclusiones de la investigación realizada por el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), según las cuales: la situación no ha sido atendida por parte del gobierno con el carácter de emergencia que realmente requiere, ni se ha tratado como lo que realmente es, un caso de salud pública; el sistema de Seguridad Social no ha aplicado adecuada y oportunamente la Ley y en consecuencia dejó expuestos y en la indefensión a miles de ex trabajadores y a sus familias; urge la instalación formal de las negociaciones con la facilitación de las autoridades nacionales, para que la empresa o las empresas asuman la responsabilidad pertinente; las autoridades laborales deben adoptar medidas para la tutela correcta de la legislación vigente en la materia; el gobierno debe establecer una regulación técnica del proceso de quema de los cañaverales para proteger la salud tanto de trabajadores como del resto de habitantes y el medio ambiente, así como activar el marco regulatorio para la atención inmediata de la situación que se deriva del uso intenso e indiscriminado de agrotóxicos sintéticos y medidas para estimular prácticas de producción sanas.

Los ejes fundamentales de la acción sindical en este sector específico de trabajadores deben abordar dos aspectos básicos del problema:

En primer lugar, se deben determinar y puntualizar los alcances del incumplimiento o violación de los derechos humanos, tanto de las trabajadoras y los trabajadores, como de pobladores en general y determinar las responsabilidades que cada uno de los actores sociales tienen en este sentido.

En esta misma línea, se deben determinar las violaciones a los derechos laborales y sindicales, consignados tanto en la legislación local como en las normas internacionales del trabajo, de que están siendo objeto las trabajadoras y los trabajadores de las empresas de la zona. Este eje de acción puede tener como corolario la implementación de acciones tanto de carácter organizativo y movilizativo, como de adopción de normas legales para la protección de la integridad física, emocional, social y ambiental de la clase trabajadora, así como de todos los habitantes de la zona.

Los aspectos organizativos y movilizativos de este eje deben encaminarse a articular el trabajo de las diferentes expresiones de organización de la zona con el objetivo de impulsar todo un movimiento social para atraer la atención tanto de la sociedad, las autoridades y de los organismos internacionales de derechos humanos y de derechos laborales y otras organizaciones sociales que formen un frente amplio de denuncia y presión internacional sobre los responsables de dar solución a esta situación.

El aspecto normativo debe hacer énfasis en la situación actual de los derechos consignados en la legislación vigente, la implementación real de los distintos convenios internacionales en la materia, tanto en el marco de la OIT como en el marco de la FAO, determinar las deficiencias de la norma actual y establecer los mecanismos jurídicos apropiados para superar estas deficiencias.

Un segundo eje debe estar dirigido a determinar los mecanismos más adecuados y factibles para la implementación de medidas de asistencia a las personas afectadas por la IRC en coordinación con las organizaciones ya establecidas en la zona, así como con otros grupos de apoyo tanto a nivel nacional como internacional.

Estas medidas deberán estar dirigidas principalmente a la definición de una estrategia de atención integral para los afectados que involucre tanto a las organizaciones mencionadas como a las autoridades competentes. En este sentido es necesario determinar las condiciones actuales de los afectados, las necesidades prioritarias en términos de su condición de salud, la atención que el estado les está brindando y las formas más factibles de asistencia.